El régimen jurídico de las modificaciones contractuales ha sido un verdadero caballo de batalla para el legislador nacional, que ha seguido un tortuoso camino marcado por los desencuentros con las instituciones europeas, también nacionales, y por ende con el Derecho de la Unión Europea, para conseguir, siquiera sea por un tiempo limitado, el ajuste de nuestra normativa a las exigencias derivadas del derecho común, el de la Unión, y que la jurisprudencia que el TJUE ha consolidado en la interpretación del acervo normativo comunitario, en particular a propósito de los principios generales de la contratación pública.

Igualmente crítica ha sido la doctrina científica que puso de manifiesto la necesidad de reformar el régimen jurídico de las modificaciones contractuales que nuestro ordenamiento jurídico vigente entonces amparaba con clara vulteranción de los principios básicos de la contratación pública, concurrencia e igualdad de trato, y dando cobertura a alteraciones frecuentes de los términos del contrato que no eran contestadas por los contratistas porque se habían convertido en el instrumento útil para compensar adjudicaciones a la baja esperando el beneficio económico que reportarán las modificaciones posteriores.

Por otro  lado, en cuanto a la resolución de los contratos la legislación de 2017 introduce nuevas causas de resolución y una regulación, con luces y sombras, de los efectos de la resolución.

El Seminario abordará una cuestión de máxima actualidad como es la entrada en vigor y la incorporación en Espña de las nuevas Directivas de la Unión Europea sobre contratación pública (2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014) y la posterior aprobación de la Ley de contratos del Sector Público y el consiguiente impacto en las formas de gestión de los servicios públicos.

En cuanto a las novedades específicas más importantes, debemos destacar la inexistencia de clasificación para los contratos de servicios, la desaparición del contrato de gestión de servicios públicos, las precisiones en relación con los medios propios, que a diferencia en lo previsto en la directiva, deben ser íntegramente públicos y sin participación privada.

Es de destacar especialmente la nueva regulación del contrato de concesión, que incluye la concesión de servicios en sustitución del suprimido contrato de gestión de servicios públicos así como otros servicios que no tengan la condición de públicos, con una nueva definición del riesgo operacional que se transmite al concesionatario, de modo que cuando el riesgo operacional lo asuma la Administración, estaremos ante un contrato de servicios.

Asimismo, es preciso llamar la atención sobre la supresión del contrato de colaboración público privada, sin perjuicio de que subsista la sociedad de economía mixta y un anueva regulación del llamado “medio propio” de la Administración, encomiendas de gestión o aplicación práctica de la técnica denominada “in house”, que pasa ahora a llamarse “encargos a medios propios” que son otras novedades que deben ser analizadas

Nuestro modelo o forma de Gobierno local se ha ido transformando significativamente desde la aprobación del texto constitucional. Puede decirse, muy resumidamente, que el grueso de las reformas que se han realizado en este punto se han movido en una única dirección: fortalecimiento de la capacidad de gobierno reforzando el nivel ejecutivo local.
Hasta ahora el sistema había funcionado, ciertamente con algunas contradicciones, razonablemente bien, pero en las circunstancias actuales donde ha acontecido una fragmentación política notoria, nos encontramos con la paradoja de una oposición que en muchas ocasiones pretende ser gobierno. La consecuencia de ese travestismo político es el bloqueo en numerosas ocasiones del sistema político local.
En definitiva, mediante la realización de estas Jornadas se tratará de analizar los distintos instrumentos y herramientas previstos institucionalmente para hacer viable la gobernabilidad local y, consiguientemente, el buen gobierno de las cosas públicas, en forma tal que exista una cierta armonía entre tres variables de una misma ecuación: sistema electoral, cultura política y reglas de funcionamiento del sistema local de gobierno.